En la lucha contra el cambio climático, alcanzar desarrollos urbanos más sostenibles y equitativos son dos caras de la misma moneda (Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas).
La mala planificación urbana, y su infraestructura básica, generan emisiones de gases de efecto invernadero por exceso de consumo de combustibles fósiles, que provocan el incremento del nivel del mar, olas de calor, inundaciones y otros impactos que afectan, de forma especial, a los ciudadanos de pocos recursos.
Las ciudades han comenzado a tenerlo en cuenta y han empezado a invertir en redes de transporte público inteligente electrificado, edificios eficientes energéticamente, energía renovable sustituyendo los combustibles fósiles, zonas verdes que actúen como sumideros de CO2, restauración de ecosistemas, planificación urbana inclusiva y poco consumidora teniendo en cuenta la geometría solar, priorizar la rehabilitación ya que supone un 60% de consumo que la obra nueva, y un sinfín de soluciones, ya superadas técnicamente, dirigidas a ciudades saludables.
Los impactos del cambio climático serán más profundos en las áreas urbanas, de forma especial en zonas vulnerables persistentes con desigualdad estructural crónica; asentamientos informales sin infraestructura resiliente. Dentro de estos asentamientos también los hay más afectados que, cómo no, son personas con discapacidad, mujeres, mayores, niños e inmigrantes; los más vulnerables de una zona vulnerable.
Pero lo esencial para hacer actuaciones resilientes y dirigidas al cambio climático es el diseño de políticas urbanas específicas, legislación y financiación para estos objetivos. Promover la eficiencia energética y edificaciones conscientes con el medio ambiente, tiene un tremendo potencial en la lucha contra el cambio climático.
Es necesario acelerar la adaptación y mitigación en las ciudades, y proveer de infraestructuras para protegerlas de las consecuencias de los eventos climáticos extremos. Los efectos de la gentrificación verde (cuando la población original de un barrio de clase media-baja o baja es desplazada por nuevos habitantes de mayor poder adquisitivo que llegan a la zona atraídos por la proximidad de nuevas zonas verdes), y sus efectos de exclusión provocados por la elevación de los precios, es la justificación de que las acciones deben efectuarse en el ámbito local para ser efectivas. La acción climática requiere solidaridad global, desarrollo de los mecanismos de diálogo e identificación de las soluciones sobre las personas, incluyendo aspectos sociales e inclusivos.
El negacionismo o demorar las soluciones no son una opción. Debemos revertir la disminución de áreas verdes en zonas urbanas, que ha pasado del 19,5 % de la superficie en 1990 al 13,9 % en 2020, para limitar los efectos sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la salud.
En muchos países no hay planes de acción climática y, en los que los hay, se suele priorizar la mitigación a la adaptación, debiendo ser al contrario para dar respuestas estructurales. La falta de recursos de las autorizades locales y las barreras entre las diferentes instituciones públicas son las causas. Tampoco ayuda planeamientos urbanísticos rígidos que dificultan las medidas proactivos que sigan el ritmo de los distintos escenarios climáticos que cambian rápidamente.
La planificación debe estar condicionada por la mitigación y adaptación, además de ser orientada hacia desarrollo urbano sostenible, accesible y con diversidad de usos como los programas diseñados en base a ciudades con todos los servicios a menos de 15 minutos andando, añadiendo heterogeneidad de niveles de renta en cada área que evite ciudades segregadas en función de los ingresos. La ciudad debe ser representativa de sus ciudadanos de forma uniforme. La receta global debe ser adaptada al ámbito local con sus propios recursos, priorizando soluciones naturales; Noruega necesita medidas diametralmente opuestas a Argelia.
La infraestructura resiliente es un elemento capital para la acción climática si tenemos en cuenta que la infraestructura es responsable del 79 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. El coste de la destrucción de ésta, por los eventos climáticos extremos, es inasumible económicamente por los poderes públicos que algún organismo estima en el 11% del producto interior bruto de cada país.
La rápida expansión de las ciudades es una herramienta para aprovechar soluciones de infraestructura resiliente que, a la vez, vertebren la ciudad para evitar zonas vulnerables socialmente, contribuyendo a una sociedad más justa e igualitaria a largo plazo.
Fuente: World Cities Report 2024, United Nations Human Settlements Programme
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