Octubre 2024

Más viviendas, solución?

¿MÁS VIVIENDAS, SOLUCIÓN?
El problema de la vivienda en España es recurrente, apareciendo y desapareciendo según convenga a los mercados. Curiosamente, la necesidad de vivienda es acuciante cuando los promotores vislumbran un mercado emergente que coincide con un acceso inasequible para los ciudadanos.
Al final, nueva coincidencia, la receta es la misma; construir más viviendas que sólo beneficia al “sector”; vendedores de suelo, promotores, constructores, …, pero, de forma asombrosa, se excluye a su actor principal que es la ciudadanía que adquiere o alquila.
Analicemos. Si en España hay 7.199 personas en chabolas y caravanas, además de las 333.826 personas que viven en establecimientos colectivos (residencias, cuarteles, prisiones o conventos) (INE 2021), estaríamos hablando de una necesidad imperiosa mínima para los casos que realmente lo necesitan, incluso sacando a las monjas de los conventos.
Hay una segunda derivada que son los jóvenes que pretenden emanciparse. En España, según datos del Consejo de la Juventud de España, la emancipación de jóvenes se consigue en un 17% de los casos frente al 31,9 % del resto de Europa. Si la población de jóvenes entre 16 y 29 años es de 7.257.035 y de ellos 1.234.409 ya están emancipados, hablaríamos de 897.371 jóvenes potenciales aspirantes a emanciparse (CJE 2023).
La tercera variable trataría de la generación de hogares unipersonales fruto de las separaciones conyugales que en España representaron 76.685 en 2023.
Considerando la demanda acumulada de los situados en zonas de exclusión y la de emancipación joven, junto a la demanda anual de creación de hogares unipersonales, podríamos estar hablando de una demanda potencial de 528.970 viviendas con una tasa de ocupación de 2 ciudadanos por vivienda en el caso del acumulado y de 1 en el resto, tasa muy inferior a la media de España situada en 2,54 (INE 2021).
Teniendo la demanda, comprobemos la disponibilidad inmediata. El país tiene 3,8 millones de viviendas vacías, siete viviendas por cada demanda, fin de la cita. Podríamos seguir si consideramos el parque público de viviendas que requiere gestión y no enajenación a fondos buitres.
Para asegurar el derecho a la vivienda deberían retomarse las políticas públicas que han resultado exitosas y que facilitaron el acceso a generaciones pasadas. Prioridad a eliminar zonas de exclusión, como chabolismo o infraviviendas, generando parque público de viviendas en régimen de alquiler a precio condicionado a ingresos, acompañado de políticas sociales que faciliten la integración en el sistema y evitando altas concentraciones, todo ello para ciudadanos que ganen hasta 1,5 veces el SMI.
Potenciar el acceso a rentas entre 1,5 y 3,5 veces el SMI mediante ayudas a la entrada de viviendas públicas y privadas protegidas y facilitar el acceso al crédito; si se pudo hacer con intereses superiores al 15%, ahora nos encontraríamos en una situación infinitamente más favorable.
Después viene lo que nunca se ha hecho; gestión de este parque de viviendas. Lo normal es que una familia vaya mejorando sus condiciones económicas y, así, poder pasar de viviendas de promoción pública a viviendas protegidas de régimen especial, general y otros, según el nivel de ingresos.
La única gestión que se hace actualmente es la enajenación de las viviendas de promoción pública a los inquilinos, en el mejor de los casos, o a fondos buitres en operaciones de dudosa honorabilidad. En cuanto a vivienda protegida, no se hace absolutamente nada, no es necesario más VPO, se trata de gestionar la existente ejerciendo los derechos de tanteo y retracto que la administración se reserva para evitar la especulación con este tipo de viviendas.
El parque público de viviendas, VPP y VPO, es prácticamente la mitad del los 26,6 millones de inmuebles residenciales, con lo que trabajando un poquito se soluciona el problema. Al final, el problema se reduce a la consideración de la vivienda como un bien económico y no social, que fomenta estrategias empresariales que sobredimensionan la trama urbana, genera procesos de sustitución urbana, incrementa los costes de mantenimiento y servicios para los municipios, y no solucionan ningún problema a corto y medio plazo, beneficiando únicamente a especuladores.